Un objetivo compartido, una aproximación discutible
Con esta publicación, finalizamos una serie centrada en la DNA, en la que presentamos la perspectiva de Telefónica sobre cómo garantizar que el marco regulatorio contribuya a impulsar la innovación y el crecimiento en el sector europeo de las telecomunicaciones.
La resiliencia de las infraestructuras digitales se ha convertido en una prioridad estratégica para Europa. Las redes de telecomunicaciones son esenciales para la economía, los servicios públicos y la gestión de crisis, por lo que reforzar su seguridad es un objetivo plenamente compartido por el sector.
Sin embargo, las disposiciones de resiliencia incluidas en la propuesta de la DNA plantean dudas importantes. Lejos de simplificar el marco normativo, proponen crear normas sectoriales específicas que duplican y colisionan con las obligaciones ya contempladas en la Directiva del nivel común de ciberseguridad (NSI2), y la Directiva sobre la resiliencia de las entidades críticas (CER), generando complejidad e incertidumbre jurídica.
Solapamientos con NIS2 y CER
Los artículos 4 a 8 de la DNA introducen requisitos específicos para garantizar la disponibilidad y resiliencia de las redes de comunicaciones electrónicas. Sin embargo, muchas de estas materias ya están reguladas en NIS2 y CER mediante obligaciones de gestión de riesgos, continuidad de negocio y protección de infraestructuras críticas. El Organismo de Reguladores Europeos de las Comunicaciones Electrónicas (BEREC), en su opinión sobre la DNA, advierte que esta propuesta puede dar lugar a un marco regulatorio complejo con posibles duplicidades e incoherencias en lo relativo a requisitos de cumplimiento, supervisión y reporte para los operadores.
Gobernanza más compleja con el pasaporte europeo
La propuesta de la autorización única europea o Single Passport añade nuevas interrogantes. Bajo este sistema, un operador podría estar autorizado en un Estado miembro y prestar servicios en toda la Unión, mientras distintas autoridades nacionales supervisan aspectos de ciberseguridad y resiliencia.
Este esquema puede generar conflictos competenciales y situaciones en las que una autoridad nacional solicite medidas que afecten a derechos otorgados por otra autoridad de otro Estado miembro. Lejos de simplificar, la gobernanza podría volverse más compleja.
Reguladores sectoriales y autoridades de ciberseguridad
La propuesta también amplía el número de actores implicados en materia de resiliencia: reguladores nacionales de telecomunicaciones (NRAs), BEREC, la futura Oficina de Redes Digitales (ODN) y autoridades nacionales de ciberseguridad pueden acabar compartiendo competencias sobre áreas similares.
Sin una delimitación clara de responsabilidades, existe el riesgo de generar supervisiones paralelas, cargas administrativas adicionales y dificultades de coordinación en la aplicación práctica de las obligaciones.
La clave: preservar la certidumbre regulatoria y no aumentar la complejidad
Uno de los elementos más preocupantes de la propuesta es la posibilidad de vincular el cumplimiento de obligaciones de resiliencia y ciberseguridad con la conservación de la autorización general o de los derechos de uso del espectro.
Si a través de la DNA, el incumplimiento de obligaciones derivadas de NIS2 pudiera terminar afectando a autorizaciones o derechos de espectro, aumentaría significativamente el riesgo regulatorio asociado a la prestación de servicios y, por ende, a las inversiones en infraestructuras digitales. En esta línea, BEREC insiste que esta debe ser una medida de último recurso y que los reguladores deben mantener capacidad para evaluar la proporcionalidad de cada situación.
En un momento en el que Europa necesita acelerar el despliegue de redes de nueva generación, la certidumbre regulatoria debe seguir siendo un principio fundamental que se acompañe de simplificación y no aumento de la complejidad.
Conclusión
Reforzar la resiliencia de las infraestructuras digitales europeas es un objetivo imprescindible. Sin embargo, ello no debería traducirse en la creación de obligaciones sectoriales que dupliquen o interfieran con marcos horizontales ya consolidados como NIS2 o CER.
El objetivo debe ser aumentar la resiliencia de las redes sin generar duplicidades, inseguridad jurídica ni desincentivos para la inversión.
