Con este post continuamos una serie centrada en la Ley de Redes Digitales, en la que expondremos la visión de Telefónica sobre cómo garantizar que el marco regulador contribuya a impulsar la innovación y el crecimiento en el sector de las telecomunicaciones de la Unión Europea.
La Ley de Redes Digitales: una oportunidad para reforzar el futuro digital de Europa
Europa se ha fijado objetivos ambiciosos en materia de competitividad, soberanía tecnológica y liderazgo digital. Alcanzarlos exige no solo inversiones sostenidas en redes e infraestructuras, sino también un marco regulatorio alineado con la realidad actual del ecosistema digital.
La DNA constituye una oportunidad única para modernizar la regulación sectorial y garantizar que Europa pueda competir a escala global en tecnologías avanzadas y conectividad de nueva generación. Las redes de telecomunicaciones son el elemento habilitador de este ecosistema digital, por lo que contar con un sector de las telecomunicaciones sólido resulta esencial para el crecimiento económico, la resiliencia y la autonomía tecnológica europeas.
En este contexto, dos ámbitos regulatorios requieren una atención prioritaria durante la negociación de la DNA: el Reglamento de Internet Abierta (Open Internet Regulation, OIR) y la Directiva de Privacidad Electrónica (ePrivacy).
Un marco regulatorio heredado del pasado que limita el futuro de Europa
El ecosistema digital ha evolucionado profundamente en las últimas dos décadas. Sin embargo, tanto la OIR como la Directiva ePrivacy mantienen una aproximación regulatoria diseñada para una etapa inicial, ya superada, de Internet y de los servicios digitales.
Como consecuencia, se ha configurado un marco regulatorio asimétrico que mayoritariamente impone obligaciones a los operadores de telecomunicaciones, mientras que numerosos proveedores de plataformas digitales y servicios online no están sujetos a exigencias equivalentes. Esta situación genera un terreno de juego desigual y sitúa a los operadores en una posición competitiva desfavorable, pese a ser los principales inversores en las infraestructuras de conectividad europeas.
La Directiva ePrivacy es un claro ejemplo de esta problemática. Diseñada para el entorno de las comunicaciones electrónicas de 2002, hoy coexiste con el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), que ya establece un marco horizontal, robusto y exhaustivo para la protección de los datos personales en toda la economía. Mantener un régimen sectorial específico para las telecomunicaciones genera duplicidades regulatorias, fragmentación normativa e inseguridad jurídica, además de limitar la capacidad de innovación de los operadores.
De igual forma, la OIR, aunque mantiene un objetivo legítimo de protección de los usuarios, no refleja adecuadamente la evolución tecnológica asociada al 5G Standalone (5G SA), el network slicing, ni los nuevos servicios digitales avanzados. Como resultado, los operadores de telecomunicaciones ven restringidas su oportunidades de innovación precisamente en un momento en el que Europa necesita acelerar su transformación digital.
Compatibilizar innovación y protección del usuario
La modernización regulatoria no debe interpretarse como una reducción de las garantías para los consumidores. Al contrario, constituye una oportunidad para desarrollar normas que combinen eficazmente la protección de los usuarios con la promoción de la innovación.
Por ejemplo, una actualización del marco de privacidad permitiría a los operadores desplegar soluciones más avanzadas de prevención del fraude y responder con mayor rapidez a amenazas de ciberseguridad cada vez más sofisticadas. Los usuarios se beneficiarían así de una protección reforzada frente a estafas y ciberataques, manteniendo al mismo tiempo elevados estándares de privacidad.
Asimismo, una mayor flexibilidad en la aplicación de la OIR permitiría desarrollar servicios de conectividad adaptados a diferentes necesidades empresariales y sectoriales. Tecnologías como el network slicing posibilitan la provisión de capacidades diferenciadas para procesos industriales avanzados, sanidad conectada, aplicaciones inmersivas o casos de uso que requieren niveles de calidad y rendimiento específicos como latencia o disponibilidad, facilitando además la monetización de las inversiones realizadas en redes 5G.
Estas capacidades ya están desempeñando un papel central en la transformación digital global. Europa debe asegurar que su marco regulatorio facilite su despliegue en lugar de introducir incertidumbres o restricciones desproporcionadas a su utilización.
Certidumbre jurídica como catalizador de la inversión
La innovación requiere previsibilidad regulatoria y seguridad jurídica. Sin embargo, el marco actual genera frecuentemente incertidumbre debido a interpretaciones divergentes entre Estados miembros y a guías de interpretación regulatorias no vinculantes que, en algunos casos, han sido posteriormente contradichas por decisiones judiciales.
Para los operadores europeos, esta situación implica diseñar servicios conforme a la interpretación nacional más restrictiva, limitando la posibilidad de escalar soluciones innovadoras en el Mercado Único Digital o incluso desviando inversiones hacia oportunidades de negocio con una mayor certidumbre regulatoria.
La consecuencia es un incremento de los costes de cumplimiento normativo, una reducción de los incentivos a la inversión y una ralentización de los procesos de innovación tecnológica.
Una agenda de reforma pragmática
Desde la perspectiva de Telefónica, la Ley de Redes Digitales debería aprovechar esta oportunidad mediante reformas específicas y orientadas a resultados.
1. Derogación de la Directiva ePrivacy
La Directiva ePrivacy debería derogarse íntegramente, dado que el RGPD ya proporciona un marco horizontal aplicable a todos los actores del ecosistema digital. El principio de confidencialidad de las comunicaciones debe seguir garantizándose, pero a través de normas tecnológicamente neutrales y aplicables de forma homogénea a todos los agentes económicos.
Este enfoque contribuiría a eliminar asimetrías regulatorias y permitiría innovar en servicios digitales y modelos de negocio a todos los agentes del ecosistema digital por igual , en línea con las prioridades identificadas por Telefónica para la DNA.
2. Modernización del Reglamento de Internet Abierta
La OIR debería evolucionar hacia un modelo más basado en principios que preserve los derechos de los usuarios, pero que permita simultáneamente la innovación tecnológica.
La reforma debería:
· Otorgar mayor flexibilidad para la gestión razonable del tráfico.
· Reforzar la seguridad jurídica para la prestación de servicios innovadores 5G. En este sentido, la Comisión Europea podría proporcionar guías de aplicación de la OIR que incluyera una lista blanca de servicios especializados compatibles con la OIR, aportando así una mayor certidumbre regulatoria al mercado para la provisión de servicios especializadas y basados en network slicing.
· Aclarar que los servicios empresariales (B2B) quedan fuera del ámbito de aplicación de unas normas concebidas originalmente para la protección de los consumidores.
Europa debe aprovechar esta oportunidad
La Ley de Redes Digitales puede y debe convertirse en uno de los pilares de la agenda europea de competitividad. Para ello, la regulación debe evolucionar al mismo ritmo que la tecnología.
La modernización la OIR y la derogación de la Directiva ePrivacy permitirían reducir asimetrías regulatorias, fomentar la innovación, incrementar la seguridad jurídica y reforzar los incentivos a la inversión. Paralelamente, los consumidores continuarían beneficiándose de elevados niveles de protección sustentados en principios coherentes y aplicables a todo el ecosistema digital.
La ruta a seguir por los legisladores europeos
Europa necesita una regulación adaptada a la economía digital del siglo XXI. Mediante la actualización del Reglamento de Internet Abierta y la derogación de la obsoleta Directiva ePrivacy, la Ley de Redes Digitales puede convertirse en un instrumento decisivo para impulsar la innovación, fortalecer el sector europeo de las telecomunicaciones y reforzar la competitividad, la resiliencia y la soberanía tecnológica de la Unión Europea en los próximos años.
En el próximo post analizaremos el mecanismo de conciliación propuesto por la Ley de Redes Digitales.
