Estados Unidos toma la iniciativa en el debate sobre la contribución justa

Con la propuesta de Ley de Reducción de Costes de Banda Ancha para los Consumidores 2023, Estados Unidos toma la iniciativa para liderar el debate de la contribución justa. El objetivo de esta ley es solicitar al regulador de telecomunicaciones americano, la FCC, que exija a los proveedores de contenidos y servicios, además de a los proveedores de banda ancha, una contribución justa y adecuada al Fondo de Servicio Universal.

Estados Unidos toma la iniciativa en el debate sobre la contribución justa

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La contribución justa en el corazón de la Ley de Reducción de Costes para el Consumidor de Banda Ancha de EE.UU.

El pasado 16 de noviembre, tres senadores estadounidenses, Markwayne Mullin (republicano), Mark Kelly (demócrata) y Mike Crapo (republicano), presentaron en el Senado de Estados Unidos una propuesta de Ley de Reducción de Costes de Banda Ancha para los Consumidores 2023. El objetivo de este proyecto de ley es solicitar al regulador estadounidense de las telecomunicaciones, la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), que exija a los proveedores de contenidos y servicios y a los proveedores de banda ancha una contribución justa y adecuada al Fondo de Servicio Universal (FSU). Los senadores que respaldan el proyecto son representantes tanto del Partido Demócrata como del Republicano, demostrando así la transversalidad de la iniciativa.

Esta solicitud responde a una petición histórica del sector de las telecomunicaciones de EE. UU. que, en una reciente presentación ante la FCC, había insistido en que el Congreso debería promulgar una legislación que dotara al regulador americano de una autoridad clara para ampliar sustancialmente la base de contribuciones al fondo de servicio universal. Basándose en la evaluación de los ingresos de cualquier servicio cuyo modelo de negocio dependa en gran medida del acceso de los consumidores o las empresas a la banda ancha, esta expansión debería permitir la consecución de los objetivos del servicio universal. Entre esos servicios, se encontrarían servicios tradicionales de Internet como la publicidad digital, los servicios de streaming de vídeo o las tiendas de aplicaciones.

El objetivo del proyecto de ley presentado por los senadores estadounidenses es solicitar a la FCC que elabore una legislación para reformar el Fondo de Servicio Universal, ampliando la base para que los proveedores de banda ancha y los proveedores de contenidos y servicios contribuyan de forma equitativa y no discriminatoria a preservar y promover el servicio universal, en un plazo no superior a 18 meses tras la promulgación del proyecto de ley. En su forma actual, la propuesta limitaría la evaluación de los proveedores de contenidos y servicios a aquellos que generen más del 3% del volumen de datos transmitidos por las redes estadounidenses y que ganen más de 5.000 millones de dólares anuales.

Con esta propuesta Estados Unidos da un primer paso para plasmar en una ley su visión del debate sobre la contribución justa, basado en una contribución al Fondo de Servicio Universal por parte de las empresas que más se benefician de la conectividad de banda ancha.

Las grandes empresas de Internet que se benefician del acceso a Internet no contribuyen en una justa proporción

EE.UU. se une al creciente número de países que estudian el reparto equitativo

Estados Unidos se une así al creciente número de países que consideran claramente insuficiente la contribución de los grandes generadores de tráfico al mantenimiento y financiación de las infraestructuras de banda ancha. Corea del Sur fue la pionera, seguida de la Unión Europea, Brasil, India y Australia. Impulsados por preocupaciones compartidas sobre la situación actual, todos ellos están evaluando la introducción de algún mecanismo que garantice una contribución justa de los grandes generadores de tráfico. Al dar el primer paso con este nuevo proyecto de ley, Estados Unidos señala claramente su ambición de liderar el debate mundial sobre la contribución justa de los grandes generadores de tráfico.

El diagnóstico que impulsa todas estas iniciativas es similar. Todas parten de observaciones sobre la evolución de Internet en la etapa Web 2.0, que ha llevado a que un número muy reducido de empresas genere la mayor parte del tráfico que circula por Internet. Representan la mayor parte de los ingresos generados en el ecosistema de Internet y se benefician extraordinariamente de las infraestructuras de red, al tiempo que contribuyen muy poco al mantenimiento y la financiación de estas infraestructuras. Su extraordinario poder de mercado también introduce distorsiones en el ecosistema en general, como demuestra la dificultad de todos los demás agentes para negociar acuerdos justos con estas empresas.

Todos estos países creen que es necesario revisar el modelo de financiación para lograr un entorno más equilibrado y justo. Los distintos países están adoptando soluciones diferentes al reto que plantea el extraordinario aumento del tráfico y la necesidad de ampliar, mejorar y modernizar la infraestructura de banda ancha para acogerlo.

Se necesita un nuevo modelo de financiación para las inversiones en infraestructuras de banda ancha

Informes como el reciente de PwC «Perspectives from the Global Telecom Outlook 2023-2027» muestran claramente la magnitud del problema. El sector de las telecomunicaciones se enfrenta al enorme reto de hacer frente a las grandes inversiones necesarias para desplegar la infraestructura de telecomunicaciones que, a su vez, sostendrá un crecimiento económico más amplio en los próximos años.

El informe de PwC estima que el volumen de datos se triplicará en 2027, alcanzando los 9,7 millones de petabytes. Este extraordinario crecimiento previsto del uso de datos se debe principalmente al aumento del consumo de vídeo. Al mismo tiempo, los ingresos por servicios de acceso a Internet sólo aumentarán un 4%. Los ingresos importan, ya que de ellos depende la capacidad de inversión del sector.

Una conclusión clara de este informe es que el sector de las telecomunicaciones se enfrenta al enorme reto de hacer frente a las grandes inversiones necesarias para desplegar las infraestructuras de telecomunicaciones que, a su vez, sostendrán un crecimiento económico más amplio en los próximos años. Hacer frente a este reto exige una contribución justa por el uso de las redes por parte de los agentes que más se van a beneficiar del uso de estas infraestructuras.


El debate sigue abierto. Los países están explorando diferentes opciones, pero el diagnóstico es ampliamente compartido, al igual que el reconocimiento de que algo debe cambiar. Es necesario adoptar soluciones que corrijan la situación actual y permitan afrontar el extraordinario reto del crecimiento del tráfico y el despliegue de infraestructuras de banda ancha. Las soluciones propuestas, a través de diferentes fórmulas de implantación, siguen manteniendo una base común: que las empresas digitales que hagan un mayor uso de las redes contribuyan a la financiación o sostenibilidad económica de las mismas.


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