La revolución digital y la adopción masiva de servicios digitales ha puesto de manifiesto la necesidad de adaptar los marcos regulatorios y las políticas públicas a la sociedad actual. Esta modernización debe situar a las personas en el centro de la transformación digital. Además, debe priorizar una transición ecológica para conseguir una economía y sociedad más sostenibles y eficientes.
Aunque el desarrollo tecnológico conlleva notables desafíos para la economía, la democracia y la sociedad que deben orientarse de la forma adecuada, la digitalización debe desempeñar un papel fundamental en la consecución de los objetivos de desarrollo de las sociedades en los próximos años. Los mercados digitales requieren un campo de juego equilibrado o level playing field para todos los actores que participan en la cadena de valor de Internet. Se debe favorecer la igualdad de oportunidades entre todos los agentes y asegurar a los usuarios el mismo nivel de protección. Los mismos servicios deben regirse por las mismas reglas, sus prestadores cumplir las mismas obligaciones y los usuarios disfrutar de la misma protección, independientemente de las tecnologías subyacentes.
En este nuevo ecosistema digital, convergente en tecnologías y servicios que trascienden las fronteras de los Estados, las empresas deben ser competitivas, no solo en el ámbito nacional, sino también a nivel global. En este sentido, es necesario un enfoque holístico de la definición y el análisis de los mercados. Las políticas regulatorias y de competencia deben adaptarse rápidamente a los cambios de dinámicas competitivas para evitar inhibir nuevos modelos de negocio y desequilibrios con los agentes del mercado ya regulados.
A su vez, deberían garantizar la sostenibilidad de la inversión, la innovación, la competencia leal y la protección equilibrada de los derechos de los usuarios. Consciente de los actuales fallos del mercado que ejercen las plataformas dominantes y la necesidad de redefinir la responsabilidad de los actores de Internet, la Comisión Europea publicó a finales de 2020 la Ley de Mercados Digitales (DMA) y Ley de Servicios Digitales (DSA).
Telefónica considera necesario establecer un marco regulatorio ex-ante para el sector digital, imponiendo soluciones ad-hoc para aquellas plataformas que gocen de una posición dominante e impidan la competencia efectiva en un mercado determinado. El marco regulatorio de las telecomunicaciones es un buen precedente que podría constituir la estructura y la inspiración para la regulación de los mercados digitales.
Igualmente, la aparición de nuevos servicios y plataformas digitales en los últimos años hace urgente la actualización del marco jurídico sobre la responsabilidad de los intermediarios en línea. La definición de un marco de responsabilidades y obligaciones claro para estos agentes es fundamental para salvaguardar la seguridad de los usuarios y la protección de los derechos fundamentales.
