La Unión Europea tiene claro la necesidad de controlar que las grandes plataformas como pueden ser Twitter, Google o Amazon no muestran contenido ilegal a sus usuarios por lo que ha creado el Centro Europeo para la Transparencia Algorítmica (ECAT).
Esta entidad, que tendrá en Sevilla su sede principal, será la encargada de supervisar la obligación de las tecnológicas a eliminar con rapidez la información ilegal que se muestra en internet.
Todo parte de la Ley de Servicios Digitales (DSA) aprobada por la Unión Europea, que tiene por objetivo principal la lucha contra la proliferación de contenido ilícito en Internet y salvaguardar, al mismo tiempo, los derechos de los usuarios.
La Ley se aplica a todos los servicios digitales que conectan a los consumidores con bienes, servicios o contenidos, con nuevas y exhaustivas obligaciones para que las plataformas en línea
Esta normativa está dirigida a empresas que llegan individualmente a más del 10 % de la población de la UE, es decir, aproximadamente 45 millones de personas. y, cuyo régimen sancionador, en caso de incumplir la normativa, contempla sanciones por parte de la Comisión Europea, de hasta el 6 % de su facturación anual a nivel mundial, e incluso la prohibición de operar en el mercado único de la UE en caso de reiteradas infracciones graves.
Examen a los algoritmos
El objetivo de la Comisión Europea con esta normativa es la de disponer de un texto legal claro que garantice que estas plataformas estén “a la altura de sus responsabilidades a la hora de reducir la cantidad de contenidos ilícitos y limitar otros perjuicios, así como de proteger los derechos fundamentales y la seguridad de los usuarios”, apunta Margrethe Vestager, vicepresidenta ejecutiva y responsable de Una Europa Adaptada a la Era Digital.
Por su parte, Thierry Breton, comisario responsable de Mercado Interior, señala que estas nuevas normas “marcan el comienzo de una nueva era”, donde las grandes plataformas “ya no se comportarán como si fueran demasiado grandes para tener que preocuparse”.
“Todos pueden hacer negocios en la UE siempre que cumplan estas nuevas normas”, asegura Breton.
Política de contenidos
Esta norma está prevista que entre en funcionamiento a partir del próximo verano, y desde la sede sevillana se analizará el funcionamiento de los algoritmos que diseñan las tecnológicas para priorizar la información que los ciudadanos ven en internet y entender así por qué las plataformas muestran unos contenidos por delante de otros.
Y es que la idea que parte de la Comisión es que sí primero se entiende cómo funcionan los algoritmos, entonces se podrá anticipar y prevenir algunos de los efectos negativos de los sistemas algorítmicos, como proponer contenido ilegal o dañino a grupos vulnerables como los niños, se apunta desde Bruselas.
El Centro Europeo para la Transparencia Algorítmica, que espera iniciar sus trabajos en enero, estará formado por una treintena de personas, de las que una veintena trabajarán desde la capital andaluza, y el resto en los centros de Ispra (Italia) y Bruselas.
Para este seguimiento a las grandes plataformas, el ECAT estará formado por un equipo multidisciplinar, compuesto por informáticos, economistas, expertos en «big data» (inteligencia de datos) e inteligencia artificial, bajo la dirección de la Comisión Europea para ayudar a vigilar que las grandes cumplan las exigencias éticas que les ha impuesto la UE.
Informes contra la información ilegal
Esta nueva ley de servicios digitales, en la que lleva dos años trabajando la Unión Europea, obligará a las redes sociales, buscadores y plataformas como Amazon a elaborar informes anuales para demostrar a las autoridades que toman medidas para combatir la información ilegal.
Además, también prohíbe mostrar publicidad personalizada a los menores de edad y exige a las empresas informar a los usuarios por qué les recomienda determinados contenidos en función de su perfil.
Por otra parte, da la posibilidad a los usuarios de que la información que ven en internet no esté basada en su perfil.
Otra de las ventajas que se incluye en la normativa en beneficio de los ciudadanos es la de prohibir el uso de «patrones oscuros«, trucos diseñados con el fin de engañar y manipular a los consumidores para que tomen decisiones probablemente contrarias a sus intereses.
Puesta en marcha
Tras la entrada en vigor de la Ley de Servicios Digitales, el pasado 16 de noviembre, las plataformas disponen de un plazo de tres meses para comunicar el número de usuarios finales activos (17 de febrero de 2023) en sus sitios web.
Además, la Comisión invita a todas las plataformas en línea a que le notifiquen los números de usuarios, sobre cuya base se evaluará si una plataforma debe ser designada como plataforma o motor de búsqueda en línea de muy gran tamaño.
Tras designar la Comisión a que grupo pertenece la plataforma, las entidades dispondrán de cuatro meses para cumplir las obligaciones derivadas de la Ley de Servicios Digitales, que incluye el primer ejercicio anual de evaluación de riesgos y su comunicación a la Comisión.
Se trata, en definitiva, de un paso adelante en busca de que las grandes empresas de internet se responsabilicen de que el contenido que llega al ciudadano, esté exento de contenido dañino o falso.
