Europa quiere alcanzar la soberanía digital, ser competitiva y tener una gran capacidad de innovación. La banda ancha, el 5G y, en perspectiva, el 6G se consideran la columna vertebral de estas ambiciones. Con la Ley de Redes Digitales (DNA), la Comisión Europea parece proponer una modernización fundamental del marco de las telecomunicaciones. Menos fragmentación, más inversiones, más seguridad en la planificación, más Europa.
Sin embargo, un análisis detallado de la DNA —y, en particular, de sus interacciones con otras propuestas como la Ley de Ciberseguridad (CSA2) y sus nuevos requisitos de resiliencia y seguridad— sugiere que el enfoque sigue estando en gran medida orientado hacia medidas regulatorias. El resultado es un marco muy fragmentado, que, en algunos aspectos, podría limitar la capacidad del mercado y de los inversores para desplegar su potencial. En este contexto, la propuesta resulta poco ambiciosa en términos de reformas estructurales que impulsen de manera decisiva la competitividad y la integración del Mercado Único.
Grandes objetivos, poca ambición
La Comisión enmarca la Ley de Redes Digitales como parte de una estrategia de política industrial: Europa necesita redes eficientes y resilientes para sobrevivir a la competencia global. La base fueron los informes de Mario Draghi y Enrico Letta, que se han convertido en la guía de trabajo de la Comisión. Sin embargo, hay una brecha entre los objetivos y las propuestas .
En lugar de simplificar significativamente el marco regulador, su alcance aumenta considerablemente. Mientras que el actual Código Europeo de las Comunicaciones Electrónicas (EECC) cuenta con 127 artículos, el borrador de la DNA supera los 200. La simplificación es algo muy distinto, aunque se prevea la integración de otros marcos regulatorios en la DNA.
Sin embargo, resulta relevante la concepción política que subyace a ello. El enfoque de la UE sigue apoyándose de manera significativa en la regulación como principal palanca para el desarrollo del mercado, más que en mecanismos orientados a incentivar la inversión. Si bien se reconocen teóricamente las particularidades nacionales, en la práctica quedan supeditadas a una armonización de normas gestionada de forma centralizada.
Un rayo de esperanza en la política de espectro, pero con incertidumbre
La parte más sólida de la DNA es, sin duda, la política de espectro. Licencias más largas o incluso indefinidas, la «renovación por defecto» y una mayor coordinación europea y moderación de los precios de las tasas y licencias envían señales fundamentalmente acertadas. Las inversiones en 5G SA y 6G necesitan seguridad en la planificación; en este sentido, la DNA aborda efectivamente un problema central del pasado.
Pero también en este caso se aprecia cierta tensión con los objetivos buscados. Numerosas excepciones al principio de renovación automática, un período transitorio de siete años y una aplicabilidad poco clara a cientos de licencias que expiran antes de 2035, socavan precisamente esa seguridad jurídica que en realidad se pretende reforzar.
Europa no tiene un problema de conocimiento, sino de aplicación: una política de espectro más favorable a la inversión sería posible, si se priorizara este enfoque.
Apagado de la red de cobre: regular en contra de la realidad
La carga regulatoria se hace especialmente patente en el tema de la migración de la red de cobre a la fibra óptica. La DNA prevé una fecha de apagado de las redes de cobre obligatoria a nivel europeo en 2035. Lo que se pretende que sea una aceleración del despliegue de la fibra óptica entraña riesgos considerables.
La situación de partida en los Estados miembros es fundamentalmente diferente. Mientras que países como España han alcanzado un alto grado de madurez en FTTH, Alemania se sitúa claramente por debajo del 20 % de cuota de fibra óptica en el segmento de clientes finales. La fecha fijada por la UE no tiene en cuenta estas realidades.
Y otro aspecto relevante la DNA vincula la retirada del cobre a garantizar la prestación del servicio a los clientes finales, pero ignora en gran medida el papel de unos mercados mayoristas que funcionen correctamente. Sin productos mayoristas competitivos, se corre el riesgo de que se produzcan distorsiones masivas del mercado, que podrían llegar incluso a una nueva monopolización de la fibra. Una evolución del mercado que ya se puede observar en Alemania.
En lugar de facilitar una migración impulsada por el mercado, el enfoque actual favorece una transición guiada desde el ámbito regulatorio. Esto es arriesgado desde el punto de vista de política industrial y regulatorio.
Regulación del acceso: la necesidad de enfoques adaptados a las nuevas redes
También en materia de regulación del acceso, la DNA sigue anclada en el pensamiento de la década de 2000. Mantener el enfoque actual puede tener sentido en algunos mercados, pero actúa como una herramienta única para situaciones muy diferentes y no funciona en Alemania.
Es especialmente problemática la priorización del acceso mayorista a la infraestructura pasiva como remedio prioritario y menos intrusivo. En mercados sin infraestructuras competitivas de conductos y de uso compartido que cubran todo el territorio —como Alemania—, este modelo simplemente no funciona.
Los productos mayoristas activos de acceso serán, en la gran mayoría de los casos, el instrumento más proporcionado, eficaz y favorable a la inversión. Especialmente, en países como Alemania, donde los hogares suelen estar conectados únicamente a través de una infraestructura de cable o cobre. No obstante, en este punto, la DNA se muestra ambigua. La regulación de precios puede ser posible, pero acompañado de unas directrices claras. El resultado es incertidumbre, tanto para los inversores como para los competidores.
Neutralidad de la red y privacidad en comunicaciones electrónicas
Una de las principales deficiencias de la DNA se encuentra en el ámbito de Internet abierta (Open Internet) y privacidad (ePrivacy). En lugar de adaptar estas normativas a los avances tecnológicos y de mercado, la DNA perpetúa el statu quo.
Las normas de neutralidad de la red permanecen prácticamente sin cambios, y por lo tanto ignorando las funcionalidades 5G SA como son network slicing o la calidad bajo demanda. Se permite la innovación, pero solo en condiciones que la hacen, de hecho, antieconómica.
Aún más ilógico es aferrarse a la ePrivacy. Además del reglamento de protección de datos (RGPD), persiste un régimen de protección de datos específico del sector que afecta exclusivamente a los proveedores de telecomunicaciones. Esta asimetría regulatoria distorsiona la competencia y ya no encaja en una economía basada en la nube y las plataformas. Impulsar la innovación digital en Europa requiere eliminar los regímenes sectoriales especiales, no conservarlos.
CSA y resiliencia: ¿la doble regulación es mejor?
La lógica reguladora europea se pone de manifiesto con especial claridad en la interacción de la DNA con la Ley de Ciberseguridad (CSA2), la NIS2 y la Directiva CER.
En lugar de apostar por regímenes de seguridad horizontales y basados en el riesgo, la DNA establece requisitos sectoriales adicionales en materia de resiliencia y seguridad de las redes: nuevas instituciones, nuevas obligaciones de información y planificación, nuevas estrategias europeas —a menudo con una delimitación poco clara respecto a los marcos normativos existentes.
El resultado no es más resiliencia, sino más complejidad. Los operadores deben cumplir múltiples requisitos, en parte contradictorios. Las decisiones de inversión se vuelven así más arriesgadas, no más sólidas.
Precisamente en infraestructuras críticas para la seguridad, resulta importante combinar un marco regulatorio adecuado con la confianza en la experiencia y la responsabilidad de los operadores.
El reto estructural de la creación de valor digital
Otro tema que se ha identificado correctamente, pero que debiera abordarse de manera más efectiva, es el desequilibrio entre los operadores de red y los grandes generadores de tráfico.
Un reducido grupo de plataformas globales genera la mayor parte del tráfico de datos, pero no contribuye en los costes de ampliación, funcionamiento y resiliencia de las redes. La DNA reconoce este problema con la propuesta de un mecanismo de arbitraje voluntario. Sin embargo, la voluntariedad no ayuda cuando impera el poder de mercado estructural. Sin mecanismos de negociación y resolución de conflictos vinculantes, que serían una solución clara desde el punto de vista de la economía de mercado, el enfoque carece de eficacia.
Más confianza, enfoques regulatorios más proporcionados
La Ley de Redes Digitales ofrece la oportunidad de replantear la política europea de telecomunicaciones: avanzar hacia un enfoque más orientado a la inversión; alejarse de la sobrerregulación sectorial y acercarse a normas horizontales y abiertas a la tecnología.
En cambio, la DNA consolida un patrón conocido: objetivos ambiciosos e instrumentos fragmentados. En combinación con la CSA2, la NIS2 y otras iniciativas, no se crea un entorno ágil y favorable a la inversión, sino una maraña regulatoria.
La DNA no logra aliviar estructuralmente el sector de las telecomunicaciones. En su lugar, se ha puesto el foco en correcciones puntuales dentro de un paradigma regulatorio no adaptado a las nuevas realidades del ecosistema digital. Al mismo tiempo, con sus disposiciones detalladas sobre el acceso, los derechos de los clientes finales y la explotación de la red, mantiene un nivel de supervisión que no se ajusta ni a la madurez del mercado de muchos Estados miembros ni a las necesidades de inversión de las modernas redes de gigabits y de telefonía móvil.
La CSA2 y los requisitos de resiliencia que la acompañan introducen retos adicionales. En lugar de apostar por marcos de seguridad horizontales y basados en el riesgo, como NIS2, surgen obligaciones sectoriales adicionales, nuevas estructuras de gobernanza y competencias solapadas. Esto no aumenta la seguridad, sino la fricción regulatoria, y absorbe recursos que serían necesarios para la expansión de la red y la innovación.
Europa no alcanzará sus ambiciones digitales mediante la creación constante de nuevas normas, sino a través de la confianza en los mercados, la competencia y la iniciativa empresarial. Mientras la regulación se limite principalmente a gestionar riesgos en lugar de facilitar las inversiones, Europa no logrará sus ambiciones digitales, ni en la competencia mundial ni en su propio mercado interior. Lamentablemente, la DNA, en su forma actual, no supone un avance decisivo, sino una base sobre la que seguir construyendo para un marco regulatorio que refuerce el mercado digital europeo.
Artículo original: Standpunkt zur EU Telekommunikationspolitik:Digital Networks Act zu unambitioniert?, BASECAMP O2 Germany
