La banda 3,8 – 4,2 GHz debe contribuir a las necesidades de crecimiento del 5G en el medio plazo.
En las próximas semanas las administraciones de los distintos Estados Miembros de la UE, agrupadas en el Comité de Espectro Radioeléctrico de la Unión Europea, tomarán una decisión que no debería pasar inadvertida. Sobre la mesa tienen la propuesta de establecer limitaciones al uso de una gran cantidad de espectro que podría ser determinante para la evolución futura de las redes y aplicaciones 5G. Nos referimos concretamente a la banda 3,8-4,2 GHz y a la intención de lanzar un mandato para estudiar esa banda tan solo para un uso muy concreto: el despliegue de las redes locales privadas de baja potencia. Estas redes son utilizadas por las empresas e instituciones públicas para dotar de conectividad inalámbrica a sus trabajadores, máquinas o robots en una fábrica, un edificio, un puerto o un espacio similar. Sin embargo, esta limitación excluye el estudio de las condiciones técnicas para el uso de esta banda para redes 5G, lo cual ampliaría el beneficio del uso del espectro a todos los usuarios móviles.
Con excepción de las subastas de frecuencias, que despiertan la imaginación de cualquier persona curiosa y se adaptan como un guante a la sociedad mediática en que vivimos, la política de espectro suele acaparar poca atención. Sin embargo, este no debería ser el caso. Las subastas, o más propiamente los procesos competitivos de asignación de derechos de uso a empresas concretas para que los exploten, son solo el final de un largo proceso. Este camino es tanto o más importante que las subastas, puede durar varios años y empieza por designar los servicios o tecnologías que pueden usar una banda de frecuencias determinada, así como las condiciones técnicas. Ahora mismo nos encontramos en ese primer hito del proceso.
Las consecuencias negativas de la limitación a redes locales privadas
La limitación a redes locales privadas es especialmente restrictiva. En esencia, fragmenta los derechos de uso en pequeñas parcelas geográficas y convierte cada licencia en una isla suficientemente alejada del resto. Aunque este sistema facilita el acceso al espectro de muchos usuarios empresariales sin molestarse unos a otros, cada uno desplegando su propia red, presenta algunos inconvenientes. En primer lugar, se limita el uso del espectro a unas pocas decenas o centenas de empresas potencialmente interesadas dependiendo del país. En cambio, excluye alternativas potencialmente más atractivas para los usuarios finales, entre ellas, el incremento de capacidad en las redes públicas de los operadores móviles que será crítico para asegurar la calidad de servicio en zonas densamente pobladas. De esta manera, se reserva un espectro substancial para su uso en una muy pequeña parte del país y por un número de usuarios muy limitado, perdiendo los beneficios socioeconómicos asociados al servicio 5G para el resto de la población. En segundo lugar, se desaprovecha la posibilidad de cubrir un área más grande y un mayor número de dispositivos y personas desde un solo emplazamiento, con las consiguientes pérdidas de eficiencia en costes de despliegue y en uso de energía.
La demanda de acceso al espectro para usuarios empresariales o “verticales”
El origen de la limitación de uso propuesta es la demanda por parte de usuarios empresariales (o “verticales”) de tener acceso directo al espectro y así poder disponer de más opciones para satisfacer sus necesidades de conectividad. Esta demanda es legítima y, de hecho, las redes privadas para usos empresariales han existido desde el origen de las comunicaciones inalámbricas. En la actualidad, algunas de estas redes se están implementado en espectro no licenciado, como la banda de 5 GHz, para cuyo uso no se requiere ninguna autorización y que puede ser utilizada tanto por WiFi6 como por 5G NR-U. Últimamente, el foco se ha desplazado a las redes 5G privadas en espectro licenciado y, con ellas, a las bandas de frecuencias dedicadas a 5G. En respuesta a este interés, está justificado que los reguladores establezcan canales a través de los cuales los usuarios empresariales puedan expresar su demanda de espectro, bien en el mercado primario o bien en un mercado secundario competitivo. No obstante, hay dos consideraciones importantes que es preciso apuntar.
Costes de oportunidad de la propuesta
La primera idea que hay que tener en cuenta es el necesario análisis del coste de oportunidad de una eventual reserva de espectro. Las bandas objeto de demanda por parte de los “verticales” no son bandas cualesquiera, sino precisamente las que también serían más apropiadas para incrementar la capacidad de las redes móviles públicas. En concreto, la banda que se está discutiendo es muy valiosa para despliegues de 5G porque es adyacente a la banda 3,4 – 3,8 GHz, es decir, la banda prioritaria 5G. Por tanto, tiene muy buenas condiciones de propagación y aportaría una capacidad adicional esencial para garantizar la calidad 5G a medio plazo. Además, ha sido asignada en Estados Unidos y Japón para despliegues 5G y ya existe un ecosistema de smartphones y equipos de radio 5G del que podría aprovecharse Europa. A priori no es obvio qué uso concreto de ese ecosistema será el que aportará más valor a los ciudadanos y empresas europeas y entre el abanico de opciones hay también opciones híbridas, como por ejemplo utilizar la banda para redes privadas en entornos industriales o indoor y para redes públicas 5G en zonas urbanas. Precisamente esa incertidumbre es la razón por la que sería un error descartar opciones de forma prematura e innecesaria, sin evaluar todas las consecuencias de una decisión difícil de revertir.
Potencial de la cooperación entre operadores y verticales
La segunda consideración es que las necesidades de conectividad de los “verticales” pueden satisfacerse sin recurrir a una medida tan intrusiva como una reserva de espectro. Por un lado, la compartición de recursos propia de las redes públicas facilita la asequibilidad de la conectividad para el cliente empresarial. Por el otro, la flexibilidad de las redes 5G permite ofrecer a cada usuario una calidad de servicio diferenciada, incluyendo la disponibilidad de recursos dedicados y aislados del resto de usuarios, cuando las características del “vertical” así lo requieran, usando “network slicing” (rebanado de la red) y redes privadas virtuales. Si el “vertical”, por algún motivo, no puede o no desea utilizar una red pública, existen otras opciones. Tiene por ejemplo la posibilidad de acceder al espectro en el mercado secundario, mediante la cesión de las frecuencias en las zonas geográficas donde se quiere instalar la red privada, y también podría contratar la red privada a un operador con espectro ya asignado, para que la construya y la opere.
Frente a los que ven en el acceso directo al espectro una oportunidad para buscar otras alternativas, en Telefónica reivindicamos la importancia de la interacción entre los operadores de telecomunicaciones y las empresas o entidades públicas que integran la conectividad en sus procesos. Ambos tienen una relación simbiótica, exacerbada por las posibilidades que 5G abre a la digitalización de todos los sectores productivos.
El diálogo para entender cómo la innovación en las tecnologías de telecomunicación puede facilitar la digitalización empresarial y cómo la digitalización de un sector o empresa concreto se traduce en necesidades de conectividad, es constate. Telefónica ha estado involucrada en proyectos piloto que abarcan todos los ámbitos en los que 5G puede aportar valor, desde la agricultura a la telemedicina, pasando por la educación, el turismo, el ocio, la banca, el transporte o la industria. De todos ellos se han extraído lecciones que ya están siendo incorporadas a los despliegues comerciales. Telefónica está comprometida a mantener vivo este diálogo, asegurando que sus redes siguen siendo un motor de crecimiento para sus clientes y evolucionan al mismo ritmo que ellos.
