En un contexto internacional marcado por la desaceleración del crecimiento, el aumento de la fragmentación regulatoria y la creciente complejidad geopolítica, la Asamblea General de Business at OECD ha vuelto a poner sobre la mesa una idea sencilla pero poderosa: para crecer, innovar e invertir necesitamos entornos regulatorios más simples, coherentes y predecibles.
Durante la reunión anual con Matthias Corman, secretario general de la OCDE y los embajadores acreditados ante la Organización, el mensaje del sector empresarial fue claro. En los últimos años se han acumulado normas, obligaciones de reporte, requisitos divergentes entre países y procedimientos administrativos cada vez más exigentes.
Muchas de estas medidas persiguen objetivos plenamente legítimos, como avanzar en la digitalización, impulsar la sostenibilidad o reforzar la seguridad económica. Sin embargo, cuando no se coordinan adecuadamente generan costes innecesarios, aumentan la incertidumbre y provocan fricciones que acaban perjudicando la competitividad.
El rol estratégico de la OCDE
La OCDE no es solo un foro de debate. Es un generador de estándares internacionales, un espacio de convergencia regulatoria y una institución capaz de aportar evidencia técnica y coherencia en un entorno global cada vez más fragmentado. Para las empresas que operan en múltiples jurisdicciones, como Telefónica, esa función es estratégica.
Con el enfoque ”Cutting Complexity”, Business at OECD propone avanzar hacia una regulación más inteligente, basada en evidencia, evaluada de manera sistemática para eliminar las normas que ya no cumplen su función, adaptada proporcionalmente al riesgo y mejor coordinada a nivel internacional. El objetivo no es desregular, sino regular mejor, simplificando los marcos existentes.
Una agenda de simplificación para impulsar el crecimiento, la productividad y la competitividad
Se atribuye una especial relevancia al ámbito fiscal pues se aboga por simplificación a los efectos de implementar un impuesto mínimo global. Reducir duplicidades, clarificar criterios y reforzar la seguridad jurídica es esencial para que las empresas puedan planificar inversiones con horizonte de largo plazo. La OCDE, a través de sus foros y marcos inclusivos, ofrece precisamente ese espacio técnico donde armonizar enfoques y evitar interpretaciones divergentes.
La misma lógica se extiende al ámbito digital. La economía conectada requiere interoperabilidad y análisis económicos basados en datos, ajustados a las realidades del mercado, así como reglas coherentes sobre flujos de datos, ciberseguridad, inteligencia artificial, la evolución del ecosistema de conectividad, la resiliencia de las redes, el edge cloud y el reporting en sostenibilidad. Sin una coordinación efectiva, existe el riesgo de avanzar hacia una fragmentación que dificulte el despliegue de redes, la prestación de servicios digitales y la innovación tecnológica. La OCDE ofrece una plataforma de diálogo donde gobiernos y empresas pueden alinear principios y construir marcos compatibles entre sectores y entre países.
Además, en un momento en el que aumentan las intervenciones estatales, los controles de inversión y las medidas comerciales, la OCDE desempeña un papel central en la defensa de un sistema económico basado en reglas y en mercados abiertos. Para las empresas, esto significa previsibilidad, protección jurídica y un entorno donde la inversión transfronteriza siga siendo un motor de crecimiento y empleo.
Para Telefónica, participar en este diálogo no es accesorio, sino parte de su compromiso con una gobernanza global más coherente y eficaz. La compañía ha estado representada en la Asamblea por Idoya Arteagabeitia, Directora de Regulación Corporativa de Telefónica y por Paloma Villa, Responsable de Políticas Públicas Digitales y Vicechair del Comité de Economía Digital de Business at OECD, cuya participación refuerza la implicación activa de Telefónica en los debates internacionales sobre digitalización, regulación tecnológica y competitividad. Su presencia pone de manifiesto la voluntad de la empresa de contribuir, desde la experiencia práctica de un operador global, a políticas públicas que faciliten la innovación y reduzcan complejidades innecesarias.
En definitiva, en un mundo más interconectado, pero también más fragmentado, la OCDE se consolida como un ancla de estabilidad institucional. Para las empresas, su valor reside en generar certidumbre jurídica, promover la interoperabilidad regulatoria y ofrecer un espacio estructurado de diálogo público-privado que permita anticipar impactos y diseñar mejores políticas.
Reducir la complejidad no es solo una cuestión técnica. Es una condición imprescindible para impulsar la inversión, la productividad y el crecimiento sostenible.
