Lourdes Tejedor / @madrid2day
La policía investiga a una banda armada o a un pederasta, un Gobierno quiere censurar Internet, hay un atentado en un barrio… ¡No, no es una peli! Son situaciones reales en las que las comunicaciones son determinantes. ¿Qué pasa cuando llega a Telefónica una orden judicial para intervenirlas o bloquearlas? ¿Se dan muchos casos? ¿Afectan a un gran número de clientes? ¿Cómo conjugamos esa petición con el derecho a la privacidad y la libertad de expresión? Lo contamos el Informe anual de Transparencia en las Comunicaciones. Aquí tienes las principales claves:
Cómo decidimos si atender o no el requerimiento
Este tipo de peticiones las miramos con lupa siguiendo el mismo procedimiento en todos los países. ¿Los aspectos fundamentales? Si se atienen a la legislación, si quien las pide es realmente competente para ello –por ejemplo, en España, un juez, un fiscal o determinados cuerpos policiales pueden hacerlo-, si técnicamente es posible atender la petición, si vulneran los derechos fundamentales de las personas…
Hay varios tipos de peticiones: interceptaciones legales, que son órdenes y requerimientos de la autoridad en el marco de investigaciones criminales o civiles, con el objetivo de interceptar comunicaciones o acceder a datos de tráfico en tiempo real; acceso a metadatos para identificar el origen y el destino de una comunicación, localización del dispositivo…; bloqueo y filtrado de contenidos o sitios web ilegales y suspensiones de servicio, geográficas o temporales, habitualmente relacionadas con situaciones de fuerza o causa mayor como catástrofes naturales, actos de terrorismo, etc.
Casos de fuerza mayor. El ejemplo de El Salvador
Hay situaciones excepcionales en las que las autoridades toman decisiones drásticas que afectan a las comunicaciones. Son casos de fuerza mayor que normalmente derivan en restricciones. ¿Un ejemplo? En 2016 entró en vigor en El Salvador, la Ley Especial Contra el Delito de Extorsión qué obligó a todos los operadores a bloquear todo el tráfico que se genera desde los centros penales, bajo pena de multas e incluso la revocatoria de la concesión para operar. A requerimiento de las autoridades, Telefónica se vio obligada a bloquear el 9% de las estaciones bases a nivel nacional, a hacer ajustes en su red, afectando 27 zonas geográficas que impactaron a 186.000 clientes aproximadamente.
El país y la zona, claves
El número de peticiones depende mucho del número de accesos que tenemos en el país y de su contexto legal. En nuestros mercados, como mostramos en el Informe anual de Transparencia en las Comunicaciones, lo más frecuente son las solicitudes de interceptación y de acceso a metadatos. La mayoría se aceptan pero hay ocasiones en las que las rechazamos (5.421 en España, 241 en Costa Rica o 709 en Venezuela en 2016).
El caso de los contenidos inapropiados para los niños
En este tema, especialmente sensible, Telefónica dio hace años un paso al frente con controles parentales, clasificación en la tele de contenidos por edad, sensibilización, iniciativas sectoriales y un largo etcétera. Así, además de atender a las peticiones de las autoridades que son pertinentes, bloqueamos de manera proactiva contenidos de imágenes de abusos sexuales a menores, siguiendo las pautas y las listas de la Internet Watch Foundation, en Argentina, Chile, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, España, Guatemala, Nicaragua, México, Panamá, UK, Uruguay y Venezuela. En otros mercados como Colombia, seguimos las listas que nos proporciona el Gobierno.
En general, las Telco tratamos de mantener un equilibrio justo entre los derechos a la libertad de expresión, la privacidad y las peticiones que recibimos de las autoridades. De ahí que en 2013 el Grupo de Diálogo de la Industria de las Telecomunicaciones, del que formamos parte, suscribiera los Principios sobre Libertad de Expresión y Privacidad. En 2016 el grupo se adhirió a la Global Network Initiative (GNI), una organización que llega a 1.500 millones de personas en más de 120 países y en la que también participan empresas de Internet, el mundo académico, organizaciones de la sociedad civil e inversores. ¿Su prioridad? La protección de los derechos de esos usuarios.
