Una conectividad para la autonomía estratégica europea

Telefónica presenta un nuevo Policy Brief el cual analiza la evolución de la conectividad en las últimas décadas y plantea recomendaciones concretas de políticas públicas para garantizar un ecosistema de redes equilibrado, competitivo y preparado para el futuro.

Una conectividad para la autonomía estratégica europea
Juan Montero

Juan Montero Rodil Seguir

Tiempo de lectura: 6 min

El debate en torno a la futura Ley de Redes Digitales (European Digital Networks Act) abre una oportunidad única para repensar el marco que regula la conectividad en nuestro continente. Para que esta reforma garantice una conectividad de vanguardia que impulse la innovación digital en Europa, es imprescindible partir de una premisa clara: solo comprendiendo en profundidad cómo ha evolucionado la conectividad —en lo tecnológico, en lo económico y en lo industrial— podremos acompañar su desarrollo con una regulación y unas políticas que respondan a la realidad del mercado, al ritmo de la innovación y de la convergencia tecnológica.

En este contexto, Telefónica presenta el policy briefConectividad para la autonomía estratégica europea”, un documento que analiza la evolución de la conectividad en las últimas décadas y plantea recomendaciones concretas de políticas públicas para garantizar un ecosistema de redes equilibrado, competitivo y preparado para el futuro. Una aportación al debate europeo que combina visión industrial, realidad regulatoria y ambición estratégica.

El nuevo paradigma telco-edge-cloud

La conectividad ha dejado de ser una infraestructura aislada para convertirse en el tejido sobre el que se articula la economía digital. Hoy la conectividad entra en una nueva etapa. Lo que antes era una cadena de valor lineal, liderada por los operadores de telecomunicaciones, se ha convertido en una red interdependiente de actores y tecnologías. Redes de fibra y 5G, computación en la nube y en el borde, inteligencia artificial, cables submarinos y satélites en órbita baja conforman hoy un ecosistema interdependiente, global y altamente dinámico. En este nuevo contexto, la conectividad no solo habilita servicios: condiciona la competitividad de las empresas, la resiliencia de las sociedades y la autonomía estratégica digital de Europa.

Este profundo cambio tecnológico exige un cambio equivalente en la manera de regular y de diseñar políticas públicas. Los marcos actuales diseñados para la conectividad, con fronteras claras entre redes y servicios, ya no resultan adecuados para un entorno en el que esas fronteras se han difuminado. El debate sobre la Digital Networks Act debe, por tanto, abordarse con una visión integral y de largo plazo: no como un ajuste incremental, sino como una reforma estructural que reconozca la convergencia tecnológica, promueva la inversión y garantice un ecosistema de conectividad equilibrado, sostenible y competitivo para Europa.

Los operadores europeos están en el centro de esta transformación. Las inversiones de otros actores, aunque importantes, no reemplazan la necesidad de seguir fortaleciendo las redes troncales, de agregación o acceso, donde los operadores mantienen un papel central. Esto hace que sigan siendo los principales inversores en infraestructuras de conectividad, aportando en torno al 60% de la inversión total en el ecosistema digital europeo, por delante del 30% que realizan los proveedores de contenidos y aplicaciones y el 10% de los fabricantes de equipos. Al mismo tiempo, en un contexto de innovación acelerada, los operadores se han adaptado migrando hacia arquitecturas cloud, adoptando modelos de negocio más flexibles basados en OpEx, desarrollando soluciones de edge y explorando nuevas propuestas como el Network-as-a-Service, así como alianzas con otros actores del ecosistema.

Digital Networks Act: una oportunidad para la soberanía digital europea

Este dinamismo tecnológico ha venido acompañado de una profunda reconfiguración de la cadena de valor. Grandes plataformas digitales, proveedores globales de nube, empresas de infraestructuras y operadores satelitales han irrumpido en ámbitos tradicionalmente gestionados por las telecomunicaciones. Muchos de estos actores operan con una escala global, una capacidad financiera muy superior y, en numerosos casos, bajo marcos regulatorios más laxos o asimétricos en relación con los operadores de telecomunicaciones. Hoy, un número reducido de plataformas no europeas concentra más de la mitad del tráfico de datos en redes europeas, capturando una parte creciente del valor generado.

Este desequilibrio no es sostenible. Aunque todos los actores se benefician de la calidad y resiliencia de las redes, no todos contribuyen de forma proporcional a su despliegue y mantenimiento, ni operan bajo las mismas obligaciones. El resultado es una presión creciente sobre la rentabilidad del sector de las telecomunicaciones, que limita su capacidad de inversión futura y, con ello, pone en riesgo los objetivos digitales y estratégicos de la Unión Europea.

El marco regulatorio actual no refleja esta nueva realidad. Es fragmentado, sectorial y basado en supuestos que ya no se cumplen. Persisten fuertes asimetrías en ámbitos como la regulación de servicios, la fiscalidad, el uso del espectro, la privacidad o la seguridad. Tal y como señalan Connect Europe y la GSMA, aplicar reglas del pasado a un ecosistema convergente no solo frena la innovación, sino que amplía las distorsiones existentes y debilita la posición europea frente a actores globales integrados.

De ahí la importancia del debate sobre la European Digital Networks Act. Esta futura norma debe ser el vehículo para una reforma estructural de la gobernanza de la conectividad en Europa. Una reforma que adopte un enfoque horizontal, aplicable a todos los actores de la cadena de valor en función de los servicios que prestan, y no de su identidad histórica. Una reforma que incentive la inversión, promueva la innovación y garantice un terreno de juego equilibrado.

Prioridades de la reforma: invertir, ganar escala y competir en el mercado digital global

Entre las prioridades, destaca la necesidad de una política de espectro orientada a la inversión y basada en una visión de largo plazo, con licencias de larga duración, precios razonables y sin discriminación entre tecnologías y servicios que compiten por los mismos usuarios. Igualmente, relevante es la creación de mecanismos efectivos y obligatorios de resolución de disputas entre operadores y grandes proveedores de contenidos, aplicaciones o servicios en la nube, que permitan corregir los desequilibrios de poder de negociación existentes.

Pero la reforma no puede limitarse al ámbito sectorial. Es imprescindible también una actualización de la política de competencia de la UE. El enfoque dominante, centrado casi exclusivamente en la reducción de precios a corto plazo y en la preservación artificial de la fragmentación del mercado, ha debilitado la sostenibilidad del sector. Europa necesita operadores con escala suficiente para competir en un mercado global dominado por gigantes digitales no europeos, y para invertir de forma sostenida en redes de nueva generación, edge, inteligencia artificial o seguridad cuántica.

Incorporar una visión industrial y estratégica en el control de concentraciones, revisar los umbrales actuales y orientar los remedios regulatorios hacia objetivos de inversión y bienestar del consumidor a largo plazo no es una concesión al sector: es una condición necesaria para reforzar la competitividad y la autonomía estratégica europea.

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