Un reciente estudio de Connect Europe realizado por Arthur D. Little llama la atención sobre la complejidad del actual marco regulatorio de las telecomunicaciones en la UE, destacando la urgente necesidad de simplificación y reenfoque regulatorio. El informe identifica 34 obligaciones regulatorias, de las cuales 9 son regulaciones sectoriales específicas y 19 son regulaciones horizontales.
El estudio pone de manifiesto que el sector de las telecomunicaciones precisa un enfoque de simplificación que vaya más allá del objetivo de revisión de trabas burocráticas, y reducción de las obligaciones de reporte de información.
En el caso del sector de las telecomunicaciones es preciso abordar el solape que se ha creado a lo largo de los años entre la regulación horizontal común a todos los sectores económicos, y la regulación específica creada para el sector de las telecomunicaciones. Igualmente es preciso abordar un proceso de simplificación regulatoria que corrija el desequilibrio existente entre los operadores de telecomunicación y las empresas tecnológicas que compiten en el ecosistema digital.
En un momento en que la Comisión Europea debate una amplia simplificación regulatoria, el informe presenta una hoja de ruta clara y viable para simplificar la regulación de las telecomunicaciones y garantizar la igualdad de condiciones en el mercado de las telecomunicaciones europeo.
Abordar los solapamientos entre la regulación sectorial y la horizontal
Según el informe, el actual marco regulador de las telecomunicaciones en la UE impone un complejo conjunto de 34 obligaciones distintas a lo largo de todo el ciclo de vida de un cliente de las telecomunicaciones europeo.
Una oportunidad especialmente clara para la simplificación normativa reside en abordar los solapamientos entre la legislación horizontal, como el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), las normas generales de protección de los consumidores o la Directiva NIS2, y las obligaciones sectoriales establecidas en instrumentos como el Código Europeo de Comunicaciones Electrónicas (EECC).
El informe recomienda suprimir los requisitos sectoriales relacionados con la información al consumidor, la transparencia y la duración y rescisión de los contratos, y basarse en la legislación horizontal existente en estos ámbitos. Las obligaciones precontractuales y de transparencia deben centrarse estrictamente en información que apoye directamente la toma de decisiones del consumidor, y no en divulgaciones técnicas o administrativas que no añadan valor para los usuarios.
Además, el informe pide que se aclare la relación entre las normas horizontales y las sectoriales. En los ámbitos ya cubiertos por el RGPD, el NIS2 o la legislación general de protección de los consumidores, la normativa horizontal debería ser el marco por defecto. Las normas sectoriales solo deberían introducirse en casos de clara necesidad.
Las recomendaciones que proporciona el informe definen un camino claro de simplificación:
- Racionalizar las obligaciones que se solapan recurriendo a normas horizontales de protección de los consumidores (por ejemplo, el RGPD o la Directiva de derechos del consumidor (CRD)) en lugar de normas sectoriales solapadas.
- Centrar las normas contractuales en la información que permita realizar comparaciones significativas, y no en detalles técnicos.
- Eliminar las normas sectoriales específicas en materia de protección de datos mediante la derogación de la Directiva de ePrivacy y la consolidación del principio de confidencialidad de las comunicaciones, como único elemento sectorial específico restante, en el marco de la legislación armonizadora (por ejemplo, en el RGPD o la Ley de Redes Digitales (DNA)).
- Abolir las obligaciones de servicio universal obsoletas y sustituirlas por ayudas públicas específicas (por ejemplo, bonos para la banda ancha).
- Excluir las ofertas B2B de las obligaciones de protección de los consumidores en virtud del EECC, reconociendo su naturaleza y necesidades específicas.
Garantizar el equilibrio en el mercado de las telecomunicaciones y el ecosistema digital
El informe subraya la importancia de aplicar el principio de equivalencia funcional de forma proporcionada, garantizando que los usuarios reciban una protección coherente en todos los servicios sustituibles. En lugar de replicar las normas heredadas en todo el ecosistema digital, la atención debe centrarse en reevaluar si las obligaciones sectoriales existentes siguen estando justificadas.
Desde este punto de vista, el informe aboga por ampliar un conjunto limitado de obligaciones necesarias a las plataformas digitales que ofrecen servicios comparables. En particular, destaca la necesidad de aplicar normas sobre el cambio de proveedor y la confidencialidad de las comunicaciones para garantizar que los usuarios disfruten de las mismas salvaguardas, independientemente del tipo de proveedor de servicios. Esto contribuiría a un entorno regulador más equilibrado.
Además, para apoyar la innovación y mantener al mismo tiempo la claridad de la normativa, el informe pide orientaciones más claras de la UE sobre los servicios especializados en el marco de las normas de neutralidad de la red y recomienda ampliar los principios del Reglamento sobre la Internet abierta (OIR) a otras partes de la cadena de valor digital. En el año 2025 es difícil justificar la aplicación de los principios de neutralidad a la red, en aras de lograr una Internet abierta, al tiempo que se indica que estos mismos principios no serían necesarios en otros ámbitos como los sistemas operativos, la nube, o las App-Stores. El drástico cambio del ecosistema digital hace necesario una revisión regulatoria que garantice la igualdad de trato y oportunidad a todas las empresas que participan en el ecosistema.
Como señala el informe, el marco actual de neutralidad de la red crea un desequilibrio estructural en la cadena de valor digital. Los proveedores de acceso a Internet siguen sujetos a obligaciones estrictas en virtud del OIR, mientras que las grandes empresas tecnológicas, que suministran la mayor parte del tráfico y ejercen un control cada vez mayor sobre la distribución de contenidos, el comportamiento de las aplicaciones, el enrutamiento y la calidad del servicio, no están sujetas a normas equivalentes.
El informe de nuevo proporciona una guía clara para avanzar en el equilibrio en el mercado:
- Ampliar las obligaciones clave, como los derechos de cambio de proveedor y portabilidad y la confidencialidad de las comunicaciones, a otros proveedores digitales que ofrezcan servicios funcionalmente equivalentes.
- Clarificar la neutralidad de la red para permitir la innovación: permitir un marco más flexible, en consonancia con los reguladores favorables a la innovación (ej. Ofcom).
- Crear una lista blanca de servicios especializados permitidos para ofrecer seguridad jurídica.
- Reflejar la cadena de valor digital en su sentido más amplio, garantizando que las obligaciones se apliquen de manera equitativa a todos los actores clave, como los sistemas operativos, para que los consumidores disfruten de una experiencia uniforme en toda la cadena de valor digital y en todos los actores.
Una oportunidad única para restablecer el equilibrio de la regulación europea de las telecomunicaciones
Mientras la Comisión Europea prepara su nueva agenda legislativa, existe una clara oportunidad para replantear la regulación de las telecomunicaciones. La Ley de Redes Digitales (DNA) centrada en la simplificación, la equidad y la coherencia contribuiría en gran medida a restablecer el equilibrio e impulsar la competitividad de Europa.
El sector europeo de la conectividad no carece de ambición o capacidad, sino que se ve limitado por un legado de regulación excesiva e incoherente. Con reformas específicas y pragmáticas, la UE puede liberar el potencial de un mercado único digital que funcione tanto para los consumidores como para las empresas y la economía en general.
