La futura Ley de Redes Digitales (DNA, por sus siglas en inglés) representa una oportunidad única para impulsar una reforma regulatoria completa y ambiciosa que aborde los retos estructurales y económicos del sector, tal como avanzábamos en nuestro post anterior.
El marco actual recogido en el Código Europeo de las Comunicaciones Electrónicas (CECE) se ha quedado obsoleto y ha dejado de garantizar tanto una competencia sostenible como que se acometan las inversiones necesarias; como resultado, en un contexto de desafíos globales que afectan a la competitividad y menor rentabilidad de las inversiones, Europa se ha quedado rezagada frente a otras economías.
La nueva ley debe establecer un marco moderno que apoye la competencia leal y las relaciones equilibradas en todo el ecosistema digital.
Igualdad de condiciones en la cadena de valor digital: hacia un principio de relación justa
El ecosistema digital europeo presenta una evidente asimetría, que limita la capacidad de los operadores de telecomunicaciones de mantener negociaciones equilibradas con todos los agentes que participan en la cadena de valor de los servicios electrónicos de comunicaciones, como proveedores de contenidos y aplicaciones y servicios en la nube.
Para corregir este desequilibrio, la DNA deberá incorporar el principio de “relación justa”. Esto implica ampliar el alcance y las obligaciones actuales a los estos actores relevantes, y establecer así, por ejemplo, la obligación de que los grandes CAPs negocien con los proveedores de servicios electrónicos de comunicaciones precios justos por el servicio de transporte de datos IP junto con un mecanismo de resolución de disputas para cuando las negociaciones fracasen.
Impulso a los servicios digitales innovadores
El desarrollo de tecnologías como 5G y servicios basados en network slicing exige un marco regulatorio claro y previsible. La falta de certidumbre sobre la aplicación del Reglamento de Internet Abierta (OIR), está limitando la inversión y la innovación en nuevos servicios digitales.
Para dar mayor certidumbre y seguridad, Telefónica propone que la Comisión Europea publique una recomendación con una Lista Blanca, no exhaustiva, de servicios especializados que cumplen la normativa. Esto permitiría a los operadores una mayro certidumbre para acelerar la llegada de soluciones innovadoras que aporten valor a empresas y ciudadanos en toda Europa.
Un nuevo modelo de acceso para dejar atrás normativas obsoletas
El marco de acceso basado en el concepto de Poder Significativo de Mercado (PSM) recogido en el CECE debería derogarse, pasando los mercados a regirse por la legislación de competencia ex post y la Gigabit Infrastructure Act (GIA), junto con una red de seguridad, en forma de aplicación de obligaciones mayoristas, solo como en casos específicos de falta real de competencia.
Asimismo, Telefónica rechaza la creación de un producto mayorista de acceso único a escala europea, ya que reduciría incentivos para invertir, fomentando competencia artificial y favoreciendo la entrada en el mercado de nuevos agentes sin asumir ni compartir riesgo de inversión. Esto pondría en peligro la rentabilidad de las redes y debilitaría la competitividad digital de Europa.
Espectro como motor de inversión y crecimiento en Europa
La Ley de Redes Digitales ha de definir una nueva política de espectro en la UE que fomente la inversión, reduzca el coste del espectro y garantice el acceso a nueves frecuencias, para lo que es necesario:
Reforzar la seguridad jurídica de las licencias móviles haciéndolas indefinidas o, en su defecto, extender su duración a 40 años con renovación tácita de las mismas. Reducir el coste total del espectro mediante procesos de asignación que prioricen su uso eficiente y la inversión en redes, por encima de la recaudación fiscal, y reduciendo las tasas anuales hasta alinearlas con el coste administrativo de gestión. Para satisfacer el continuo crecimiento de la demanda es imprescindible garantizar la disponibilidad de nuevas bandas como 6 GHz, 3,8-4,2 GHz y UHF.
Con el objetivo de fortalecer el mercado único digital evitando que Estados Miembro se desvíen de estas mejores prácticas en la gestión del espectro, la Unión Europea debería reforzar el sistema de revisión por pares a nivel europeo.
Simplificar la regulación: un marco moderno y coherente
El marco regulador europeo acumula normas que ya no responden a las necesidades actuales, incluso duplicando obligaciones a través de normativa solapada:
- La Directiva de privacidad electrónica (ePrivacy), que solo aplica a las telcos, debería derogarse, manteniéndose exclusivamente el RGPD, un marco horizontal que aplica a todos los sectores.
- La regulación sobre itinerancia, precios de terminación y llamadas intracomunitarias debería revisarse, suprimiéndose los controles de precios, completamente injustificados en el mercado actual. Del mismo modo, las normas de servicio universal deberían reconvertirse en medidas de apoyo a usuarios vulnerables mediante subvenciones públicas directas a través de vales o bonos.
- Por último, la simplificación debe incluir la reducción de las obligaciones de reporte y la racionalización de autorizaciones y permisos. Resulta también clave diferenciar entre consumidores y empresas en la aplicación de las normas relativas a usuarios finales.
Ciberseguridad para una infraestructura digital sostenible
La ciberseguridad requiere un sector sólido y con capacidad de inversión para abordar con garantías los retos que confronta. Para ello, es fundamental simplificar la regulación y una mejor coordinación entre y con las autoridades, adoptando un único punto de contacto y un formato común para las notificaciones.
Además, cualquier nueva obligación, también cualquiera que afecte a equipos y proveedores de la cadena de suministro, debe ser proporcionada y basada en riesgos y un análisis de coste / beneficio. Solo así se reforzará la seguridad sin limitar la innovación ni la inversión.
Incluir las telecomunicaciones en la taxonomía de la UE
La exclusión de las redes y servicios de telecomunicaciones de la taxonomía europea carece de justificación y puede limitar el acceso a financiación sostenible. Con la próxima aplicación del Estándar Europeo de Bonos Verdes (EUGBS), esta ausencia dificultaría el apoyo de los inversores a la modernización de infraestructuras clave hacia una mayor eficiencia energética.
Por ello, animamos a la Comisión Europea a reconocer el despliegue y la gestión de redes de comunicaciones electrónicas (ECN) como actividad taxonomicamente elegible en la próxima revisión del Acto Delegado sobre el Clima en 2025. Incluir a las telecomunicaciones en la taxonomía permitirá acelerar la transición digital y verde de Europa.
Solo una reforma completa y ambiciosa del actual marco regulatorio permitirá construir un ecosistema digital competitivo, sostenible y resiliente, capaz de reforzar la soberanía tecnológica europea y de generar beneficios tangibles para la ciudadanía. Así, Ley de Redes Digitales representa una oportunidad histórica para situar a Europa a la vanguardia digital.
