La evolución del concepto de soberanía
La continua búsqueda de extensión de los territorios de los imperios derivó en un sistema feudal caracterizado por la descentralización del poder político con el monarca como principal fuente de poder. No obstante, en la práctica había ocasiones en las que se generaba una fragmentación de poder en la que los señores feudales ejercían gran influencia y contaban con múltiples relaciones de vasallaje. El resultado fue una amplia segmentación social y gran afluencia de conflictos, llegando incluso a situaciones de guerra civil.
En ese contexto tumultuoso, Bodin planteaba el reconocimiento de la soberanía del Estado como una solución efectiva que impartiese orden y pacificación. Concebía la soberanía como un poder único y absoluto, sin límites de competencias, en posesión de una entidad política única y unitaria. Una definición de soberanía acorde con el marco histórico en el que emergió el absolutismo.
Bodin abrió la puerta a la reflexión sobre la soberanía a filósofos políticos posteriores, mostrando una evolución de la concepción de la soberanía en función de cada momento histórico.
Con el absolutismo en máximo esplendor, Thomas Hobbes coincidía con Bodin en la necesidad de instaurar una soberanía absoluta. En su opinión, esta era la única solución para mantener la paz y el orden en un mundo en el que los seres humanos son “inherentemente egoístas y propensos a la violencia”.
Décadas más tarde, con el sistema absolutista en decadencia por el malestar de la población, John Locke insertó una nueva arista al concepto de soberanía. Consideraba que la soberanía del Estado emanaba del consentimiento de la población, teniendo la sociedad civil la potestad de elegir una nueva entidad política en el caso de no respetarse sus derechos naturales.
En el auge de la Ilustración, Jean-Jacques Rousseau sostenía que la soberanía no solo emanaba de la sociedad, sino que residía en el pueblo, siendo una expresión de la “voluntad general”.
Con el asentamiento y fortalecimiento de los principios democráticos y libertades sociales en el S.XX, Bertrand de Jouvenel concebía la soberanía como un atributo esencial de la autoridad política. Sin embargo, advertía que el poder político tiende a buscar expandirse, por lo que la soberanía debiese estar limitada por “reglas” (regulación) y legitimada por la población.
El concepto de soberanía en la era digital global
Ahora nos encontramos ante otro momento de cambio decisivo en el curso de la historia; la era digital global. Como en cambios de era anteriores, las dinámicas políticas, sociales y económicas se ven impactadas, lo que lleva a una reflexión de las prioridades, organización e interacción de los Estados para prosperar en esta nueva etapa. En este sentido, la soberanía es un concepto clave.
La soberanía digital podría entenderse como una extensión de la soberanía propia de los Estados mediante la cual tienen capacidad para garantizar que las actividades y los agentes del entorno digital que impactan en la economía o sociedad del país respetan una serie normas, principios y estándares.
Los desafíos en el ejercicio de la soberanía digital
Pero ¿cómo se puede aplicar la soberanía a un espacio sin fronteras definidas, con grandes interdependencias y con nuevos actores cuyo poder de influencia es comparable a los Estados?
En primer lugar, la definición territorial es uno de los principios básicos de la soberanía. Establece el espacio de actuación de un Estado para ejercer su autoridad, así como el límite de actuación de un Estado frente a otro. En contraste, la intangibilidad del mundo digital y la ausencia de fronteras definidas suponen un reto a los Estados para el ejercicio de su soberanía.
En segundo lugar, la diversificación de la cadena de valor reduce la autonomía de los Estados en la toma de decisiones y cumplimiento de estándares.
Por un lado, las interdependencias hacen que los Estados sean más vulnerables ante peticiones o cambios en la política industrial digital de otros Estados. Un ejemplo actual es la presión de Estados Unidos sobre la Unión Europea para que prohíba los “proveedores de alto riesgo” (es decir, los proveedores chinos Huawei y ZTE) bajo el argumento de la seguridad, y con un claro trasfondo de rivalidad tecnológica entre ambos polos.
Por otro lado, aunque los Estados tienen cierto margen de injerencia sobre las actividades de la cadena de valor, garantizar el cumplimiento de estándares éticos resulta altamente complejo. Por ejemplo, la extracción de materias primas necesarias para producir tecnología se realiza mayoritariamente en terceros países, teniendo la Unión Europea una influencia muy limitada en las políticas nacionales en materia ambiental y laboral.
En tercer y último lugar, las grandes empresas tecnológicas, con gran poder económico e influencia en las dinámicas sociales, han pasado a ser un actor con una capacidad de influencia comparable, o incluso superior, al de un Estado. Un ejemplo reciente es la introducción del concepto de “relación justa” (Fair share) o, como se refieren las tecnológicas, “tasa de red” (Network fee) en el Acuerdo de comercio entre Estados Unidos y la Unión Europea. Pese a ser un tema desvinculado del comercio entre ambas regiones y de discurso propio de las grandes tecnológicas, se logró incorporar en el acuerdo.
Figura de elaboración propia en base a los datos del World Bank y Companies Market Cap
En conclusión, el concepto de soberanía no es estático, evoluciona de mano de grandes transformaciones sociales y políticas de la historia. Hoy nos encontramos ante un nuevo punto de inflexión; la era digital, que nos hace replantearnos su aplicación en un entorno abstracto y complejo.
¿Hasta qué punto es verdaderamente posible ejercer la soberanía digital? ¿La Unión Europea tiene la capacidad de ejercer una soberanía digital plena? ¿Se está persiguiendo una soberanía digital o una autonomía digital?
En una siguiente publicación se tratará de dar respuesta a estas preguntas.
