La nueva edición del OCDE Regulatory Policy Outlook 2025 reafirma una idea sencilla, pero de profundo calado: una regulación eficaz es una responsabilidad compartida. Requiere liderazgo de los gobiernos, pero también la implicación activa de las empresas, la sociedad civil y los ciudadanos.
En un contexto de alta incertidumbre y desconfianza, donde los retos globales, del cambio climático a la transformación digital, exigen respuestas eficaces, la calidad regulatoria se convierte en una palanca esencial. El informe advierte que muchos marcos normativos actuales resultan excesivamente complejos o ineficaces, y reclama un entorno regulatorio más simple, transparente y enfocado a resultados.
Para sectores sujetos a una fuerte presión regulatoria y a una transformación constante, como la conectividad digital y las infraestructuras, el mensaje es claro: regular mejor no es sólo simplificar. Se trata de diseñar normas que protejan a los ciudadanos y al medio ambiente, al tiempo que faciliten la innovación, la inversión y el desarrollo.
Una regulación eficaz para las personas, el planeta, el futuro
Un entorno normativo que funcione bien empieza por la inclusión. Las normas son más eficaces cuando se elaboran con la sociedad, incluidas las empresas. La OCDE observa avances positivos en la consulta pública, especialmente a través de plataformas digitales. Sin embargo, el proceso sigue siendo incompleto. Sólo un tercio de los gobiernos proporciona información a las partes interesadas después de las consultas. Esto debilita la confianza y resta eficacia al diálogo entre las partes.
Para las empresas, la consulta es esencial. Un diálogo temprano permite un mejor diseño, evita consecuencias imprevistas y favorece un cumplimiento más rápido y eficaz. Sienta las bases de una normativa que funciona en la práctica, no sólo sobre el papel.
Este principio de co-creación es especialmente pertinente a la hora de afrontar retos sociales a largo plazo, como la transición digital y verde. Como subraya la OCDE, los marcos normativos no sólo deben estar en consonancia con los objetivos estratégicos, sino también apoyarlos. Como ejemplo, sólo una minoría de países de la OCDE aplica una perspectiva medioambiental transversal en todo el espectro normativo.
Este enfoque es especialmente relevante en sectores fundamentales para la transición: energía, transporte, o comunicaciones digitales. Son industrias complejas, con ciclos de inversión largos y procesos de transformación en marcha. Al mismo tiempo, las normas fragmentadas e inconsistentes siguen siendo un obstáculo. El camino a seguir pasa por planteamientos coherentes, basados en el riesgo y orientados a resultados.
La consecución de los objetivos a largo plazo depende de la seguridad normativa. Para las empresas, esto significa marcos predecibles, proporcionados y centrados en los resultados. Solo entonces se podrá escalar la innovación y alinear la inversión con las prioridades.
De cara al futuro, la tarea reguladora es aún más compleja. El informe advierte también sobre la creciente brecha entre el ritmo de la innovación y la capacidad normativa. Tecnologías como la inteligencia artificial, la conectividad avanzada y la infraestructura de datos están remodelando todos los sectores. La regulación tiene que ser flexible, adaptable, sin perder rigor, especialmente en ámbitos transfronterizos, en los que la innovación avanza con rapidez y los costes de una normativa obsoleta son elevados.
Por último, una buena normativa es más que diseño. Hay que implementarlas. La aplicación basada en riesgos, aún infrautilizada en los países de la OCDE, es una palanca clave. Los organismos reguladores deben estar dotados de la autonomía, las competencias y los recursos necesarios para actuar con eficacia. La evidencia debe guiar tanto la aplicación como la supervisión.
Hacia una mejor gobernanza regulatoria
El informe de la OCDE Regulatory and Policy Outlook de 2025 recomienda a los gobiernos que mejoren la eficacia de su gobernanza regulatoria en base a tres pilares: análisis ex-ante riguroso, participación efectiva y evaluación ex-post.
El informe hace un llamamiento a la acción. Para que la regulación siga siendo legítima y eficaz, debe basarse en evidencias, configurarse mediante el diálogo y estar sujeta a un seguimiento y una revisión continuos.
La OCDE enfatiza la relevancia de la evaluación del impacto de la regulación. La elaboración de normas debe comenzar con objetivos claros y medibles y una evaluación de múltiples opciones políticas, incluida la opción de no regular. Las políticas deben diseñarse a partir de un sólido análisis previo basado en evidencias, sopesando costes, beneficios y riesgos con rigor y proporcionalidad.
El informe destaca el papel fundamental de la participación de las partes interesadas para generar confianza y garantizar la calidad de la regulación. Una participación significativa de las empresas, la sociedad civil y los ciudadanos refuerza la legitimidad, los resultados y la equidad. La OCDE aboga por consultas tempranas, canales de aportación diversificados y mecanismos transparentes que muestren cómo las respuestas a las consultas contribuyen al resultado final.
Sin embargo, a pesar de los avances en muchos ámbitos, el informe es contundente en su diagnóstico de un punto débil persistente: la falta de evaluación una vez implementada la norma, es decir, la evaluación ex post. Pocos países controlan sistemáticamente si la normativa cumple los objetivos previstos, y aún menos evalúan sus efectos a largo plazo. La OCDE subraya que la monitorización debe integrarse desde el principio, con indicadores fiables y circuitos de retroalimentación a lo largo de todo el ciclo normativo.
Por último, el informe se refiere a las instituciones encargadas de la elaboración de normas. La eficacia reguladora, sostiene, depende también de la capacidad de aplicar las normas de forma coherente, en consonancia con las prioridades estratégicas, y de adaptarlas cuando sea requerido. Para ello es necesario invertir en capacidad analítica, visión estratégica y desarrollo profesional dentro del sector público.
Este informe es una referencia clave para las buenas prácticas reguladoras, que subraya la importancia del análisis ex ante y la evaluación ex post a lo largo de todo el ciclo regulador: desde el diseño y la implementación de las normas hasta su evaluación. En él se aboga por una elaboración de normas basada en evidencias y una evaluación ex post más sólida, a la vez que se subraya el amplio consenso existente sobre la necesidad de simplificar la regulación.
El informe de la OCDE Regulatory and Policy Outlook de 2025 señala un reto y una responsabilidad compartida. Una regulación más inteligente no es sólo una condición para el progreso; es un motor de confianza. Acogemos con satisfacción esta visión y seguimos comprometidos a contribuir constructivamente a su realización.
